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El pacto fiscal

Opinión - Sub editorial, 30 de septiembre, 2013.- El Viceministerio de Autonomías anuncia que en enero de 2014 presentará una propuesta de redistribución de los recursos públicos y la renta extractiva, con el fin de alcanzar el desarrollo sostenible. Esa tarea está definida en la Ley 039 Marco de Autonomías y Descentralización que indica que, en un plazo no mayor a seis meses, después de publicados los resultados del Censo, la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá ser presentado al Consejo Nacional de Autonomías. El pacto fiscal es un instrumento para la concertación entre la sociedad civil y el Estado que despierta grandes expectativas, porque en los últimos años las transferencias del Tesoro General de la Nación a los gobiernos autónomos departamentales fueron en ascenso.

En 2010 se transfirió 4.640 millones de bolivianos; mientras que el pasado año el monto ascendió a 7.757 millones de bolivianos. Las fuentes de ingresos en los departamentos provienen de las regalías (72 por ciento), impuestos a los hidrocarburos (26 por ciento) y fondo de compensación (2 por ciento). Según la Fundación Jubileo, hay problemas estructurales de exclusión social y exclusión territorial que deben ser resueltos, a partir de una mejor distribución de los recursos. Bolivia necesita establecer las bases para construir su desarrollo y superar las desigualdades. El pacto fiscal debe considerar la generación de recursos, a partir de una transformación productiva del país. Otro componente es la captación de recursos, lo que incluye una reforma tributaria. Se necesita también establecer una mejor distribución y definir el uso eficiente de los fondos. También es prioritario centrar la gestión pública en beneficio del ciudadano. Esto implica dar flexibilidad al gasto público y dar plena vigencia a las autonomías, en cuanto a la planificación y ejecución presupuestaria, en la perspectiva de lograr institucionalidad y eficiencia en la gestión pública. La propuesta técnica para el pacto fiscal debe tener sustento técnico solvente, legitimidad social y legitimidad política. El acuerdo exige la participación de todos los actores políticos, económicos y sociales del país. Los legisladores están convocados a cumplir su función de seguimiento y fiscalización. Las instituciones llamadas a coordinar y la sociedad civil, a participar plenamente. El pacto fiscal tiene que generar espacios de concertación y evitar los conflictos que se han dado por los resultados del Censo y la redistribución de escaños. Ojalá sea posible y que no se electoralice.

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