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Declaración

DECLARACIÓN MIEMBROS

PACTO POR EL BIEN COMÚN

 

Las instituciones, redes, organizaciones, entidades colegiadas, académicas, fundaciones y ONG, a través de esta declaración, deseamos expresar nuestro compromiso con el desarrollo del país, a fin de que permita una vida digna sin exclusiones ni discriminación alguna.


En esta última década, el país ha ingresado a un proceso de cambios históricos que han permitido avances en la inclusión social y participación de actores antes excluidos de la vida social, política, cultural y económica. Este proceso requiere del aporte y concurso de todos para que sean sostenibles en el tiempo
y permitan mejorar las condiciones de vida de la población.


A pesar de haber atravesado por un proceso constituyente con la definición de competencias para los diferentes niveles de gobierno y con un nuevo diseño de Estado con autonomía para los gobiernos subnacionales, el tema de la generación, distribución y destino de los recursos públicos continúa pendiente.


El sistema impositivo data de los años 80 y la distribución de los recursos públicos de los años 90 (en el caso de hidrocarburos del año 2005) y, en este marco, subsisten diferentes problemas en el ordenamiento fiscal, tales como la baja cobertura tributaria, desequilibrios en la distribución, saldos sin ejecutar, endeudamiento y riesgo de insostenibilidad de los gastos. Estas problemáticas deben ser tratadas con la importancia debida, más aún cuando el Estado cuenta con mayores recursos de fuentes extractivas no renovables, que deben ser asignadas hacia un proyecto de país y un desarrollo más sostenible.


Frente a esta situación nos hemos constituido en una plataforma que permita contribuir al encuentro y unidad entre bolivianos y bolivianas, entre sociedad civil y Estado, para trabajar juntos en estos retos a través de un mecanismo que permita un encuentro: el Pacto Fiscal.


Esta agenda estratégica debe ser consensuada entre sociedad civil y el Estado Plurinacional con autonomías, que permita políticas públicas de largo plazo que lleguen a ser los instrumentos viables para el desarrollo de Bolivia.


Requerimos mejorar las condiciones de vida de la gente y reducir las desigualdades a través de una óptima provisión y prestación de bienes y servicios públicos, desde los diferentes niveles de gobierno, con una orientación hacia las personas, beneficiarias principales de las políticas públicas.


Debemos buscar que este acuerdo económico, social y político entre sociedad civil y Estado vaya más allá de la sola redistribución de ingresos; que con criterios de solidaridad y equidad, defina las bases para el desarrollo del país y permita superar las desigualdades dentro del nuevo modelo de Estado boliviano.


Debemos participar todos y todas de este acuerdo, la Constitución establece que la determinación del gasto y la inversión pública tendrán lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana.


Es una responsabilidad compartida el buscar mejores horizontes, en un contexto de oportunidades históricas que el país no había tenido.


La Paz, junio de 2013

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